De la Garrapata en la Webs
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Por: Nikolás Friedman
Después de que se iniciara una investigación penal y se filtraran conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, lo que se ha establecido en esta indagación es que el gobierno de Piñera utilizó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para ocultar el ACUERDO de fondos, es decir, en lugar de realizar pagos en efectivo o depósitos bancarios, se usó un método de estilo mafioso que consistía en entregar el dinero en efectivo, en sobres, de forma acumulada y trimestral.
Luis Hermosilla mencionó que recibió pagos en efectivo desde
La Moneda y destacó las conexiones de Zaliasnik en los tribunales, agregando:
“Tenía más acceso que yo a algunos ministros”. También indicó que los montos de
dinero alcanzaban alrededor de 100 UF mensuales para defensas relacionadas con
el estallido social y la pandemia, a iniciativa directa del expresidente
Sebastián Piñera, aunque es fundamental señalar que esas sumas de dinero eran
para la defensa de violadores de derechos humanos.
Ahora, el Diputado Venegas, socialdemócrata (PS), según
medios, estuvo aproximadamente tres días preparando la interpelación contra el
cómplice directo de Kast, el “canciller”; Francisco Pérez Mackenna, la cual iba
a durar tres horas, pero al final solo se llevaron a cabo dos horas. Durante el
proceso de interrogación, no logró formular una pregunta directa a este traidor
a la patria, en particular el hecho de que la firma de Kast en un documento de
“seguridad hemisférica”, emitido por un país extranjero, infringe el artículo
5º de la Constitución de 1980 (fraudulenta y fascista, por cierto), sin la
autorización del Congreso.
En la interpelación, Mackenna mintió, ocultando información
clave sobre dicho contrato y distorsionó la verdad, generando grandes
interrogantes como que E.U. convoque el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), lo cual significaría la entrada de fuerzas estadounidenses en
Chile, es decir, tierras, costas, zonas limítrofes, ciudades y poblaciones, en
áreas de conflicto mapuche. Llevando a cabo operaciones conjuntas en otros
países o en nuestra nación, derrocando gobiernos de izquierda, secuestrando
presidentes o realizando invasiones y agresiones o interviniendo vía Bots,
electoralmente los resultados.
Desde un punto de vista estricto, ¿de qué manera se financia
este grupo o cartel de las Américas? Además, los actos cometidos por Kast
tienen una gravedad e inmoralidad que merecen ser llamados por su nombre:
felonía. Por lo tanto, es necesario exigir su renuncia y encarcelamiento por
traición a la nación, a la patria y a los pueblos.
Por otro lado, la consigna "Chúpalo Kast" representa el descontento de la población que, a pesar de estar despolitizada, se siente traicionada por un liderazgo que no cumple con sus promesas, colocando en jaque la estabilidad del régimen fascista-neoliberal extremo y su des-conexión con los problemas reales de los pueblos. Es importante destacar que todas las empresas de estudios de mercado están en manos de la oligarquía, así como también la mayoría de los medios masivos de desinformación.
A la par de esto, semana tras semana, todos los índices en
las encuestas del país muestran al régimen en caída libre; cuando Kast y su
régimen de facto lleguen al 24%, que es su base real de apoyo, entenderán que
la consigna nacional de marzo de este año y de las "fiestas patrias"
pasadas, "Chúpalo, Kast", es una frase adoptada por aquellos que
votaron por él, es decir, el 20% de ciudadanos descontentos con su mediocridad,
falsedad y mentiras, quienes carecen de identidad de clase, sin formación
política y con poca cultura, que se mueven donde mejor se les ofrece o donde
huela a dinero fácil, serán los primeros en exigir la renuncia de Kast por su
incompetencia.
Sin duda, el caso del fascista y operativo del Mossad
Fernando Cerimedo, quien ha llevado al narcofascismo a la presidencia en
Latinoamérica indígena-mestiza-morena, vinculado al narcotráfico y al fascismo,
así como al terrorismo internacional, está acaparando la atención de todos los
medios serios alternativos de información que representan un porcentaje
pequeño. Mientras Trump utiliza ilegalmente toda la maquinaria de los gobiernos
yanaconas o vasallos en la región bajo su control para desacreditar a esos
medios, igual que hicieron con el presidente secuestrado Nicolás Maduro y su
esposa Cilia Flores.
Ahora está atacando al fiscal general del Estado
Plurinacional de Bolivia, Roger Marica, quien estaba encargándose del caso
relacionado con el operador de Cerimedo; primero Trump ordenó que le revocaran
la visa para que no pudiera entrar a E.U., y al día siguiente se produce el
golpe de Estado contra un pilar de la institucionalidad de la nación: la
justicia. Es detenido y secuestrado de manera ilegal e irregular, sin cumplir
los procedimientos legales y constitucionales en el aeropuerto Viru Viru. Horas
después, las fuerzas policiales ingresaron y aislaron el tribunal general de
Bolivia con pasamontañas, impidiendo que la prensa pudiera asistir a una rueda
de prensa de las autoridades judiciales competentes.
Esto sucedía poco después de que aparecieran fotos de Cerimedo con el hijo de Trump, Trump Jr. Esto significa una sola cosa: impunidad en Bolivia; al controlar el tribunal general, las fuerzas fascistas eliminarán todas las pruebas contra Cerimedo y sus conexiones con los gobiernos fascistas de la región. Se están dando golpes a las instituciones del Estado, protegiendo a narcotraficantes y fascistas, así como a terroristas, con un endeudamiento que supera los 10 mil millones de dólares, al estilo de Milei. Lo interesante es que nadie sabe a dónde irán a parar esas sumas millonarias, que a la larga serán los ciudadanos bolivianos quienes tendrán que pagar el alto costo de la vida.
Se pone de manifiesto que el dictador Rodrigo Paz no busca
combatir la corrupción neoliberal, sino que, por el contrario, va en contra de
quienes investigan los casos de corrupción, como el de la gasolina de baja
calidad. La senadora Ana Crispín denunció que “personas” del “Escudo de las
Américas” estarían realizando pagos mediante códigos QR de hasta 40,000 dólares
a diputados para alterar la correlación de fuerzas a favor del fascismo y el
narcotráfico, con el objetivo de corromper a la Asamblea.
Esta situación se da en el contexto de la grave tensión en
la Asamblea Legislativa Plurinacional, que este viernes se reunirá para abordar
el caso del fiscal general secuestrado Roger Mariaca, a quien el gobierno acusa
de recibir fondos del narcotráfico. Las denuncias continúan acumulándose, al
igual que el grave caso de corrupción donde se cuestiona el patrimonio de la
primera dama en EE. UU., María Elena Urquidi, la cual debe rendir cuentas sobre
el origen de esos fondos. En una empresa relacionada con la esposa de Rodrigo
Paz en Florida, donde se estarían limpiando millones de dólares.
Continuando en esta misma dirección, los legisladores
autoritarios han aprobado la designación de un fiscal general que apoya la
dictadura narco-fascista de Rodrigo Paz debido a órdenes directas de Trump, lo
que ha provocado un cambio en la base legal para la elección del fiscal
general. Este ataque a la democracia en Bolivia, junto con todas esas medidas
coercitivas y represivas, representa un castigo del imperialismo
narco-fascista-sionista que intenta detener que Cerimedo colabore con la
justicia y obtenga su libertad delatando; ahora, según su abogado, podría salir
en libertad en noviembre próximo.
Esto se repite país tras país, como lo observamos en Chile
con Hermosilla, quien delata a sus compinches para evitar ser el único
incriminado, o la intromisión del embajador estadounidense en los asuntos
internos chilenos, la no entrega a tiempo de visa para ingresar del senador
Daniel Núñez a E.U., por su condición, ¿de ser comunista?
Lo repugnante de esta situación es: ¿qué hacían los
representantes de este cartel en la Asamblea de Bolivia, es decir, de Perú,
Argentina y Estados Unidos? Estos, sin ninguna vergüenza o pudor, reconocen
ante las cámaras que son del escudo de las Américas.
Si los opositores y la justicia de los distintos gobiernos autoritarios de la región tuvieran la más mínima moral y ética, deberían exigir la extradición de Cerimedo en cada país, donde este individuo utilizó cientos de miles de bots para alterar el resultado electoral en más de ocho países, generando terror político en la población con información falsa; es decir, debería rendir cuentas por los graves casos de corrupción, vulneración electoral grave y la intromisión en los asuntos internos de los países para favorecer a los candidatos fascistas que benefician a Trump.
Para ello, el “Escudo de las Américas” o el “Cartel de las
Américas” es una coalición, ante todo, político-militar, económica y de
seguridad unipolar, es decir, crear un escudo de protección única hacia los
estadounidenses que busca crear las bases políticas y jurídicas para imponer un
vasallaje inmoral, asegurando a estos gobiernos títeres para obtener los
recursos naturales de los países miembros, además de imponer criterios
económicos con aranceles desmesurados y prohibir el comercio con otras
naciones; con esto, Trump se está asegurando un grupo de gobiernos marionetas,
aliados estratégicos y enemigos directos de China, es decir, Trump quiere
expulsar a China de Latinoamérica indígena-mestiza-morena. Este cartel es
instigado en marzo de 2026 por el gobierno de Estados Unidos bajo el régimen de
facto o fascista de Donald Trump.
En resumen, se trata de una especie de protectorado
estadounidense sobre 15 naciones. En este mismo contexto, es necesario analizar
la acusación de los mismos gobiernos autoritarios contra Nicaragua; en este
sentido, debe tenerse mucho cuidado, ya que la declaración de la OEA incluye a
ocho cancilleres, cuatro viceministros, 17 representantes permanentes y tres
representantes alternos. Recordemos que Nicaragua no forma parte de esta
organización títere de Estados Unidos; lo que Trump busca es establecer un
marco legal para atacar, invadir y secuestrar al presidente nicaragüense.
Sin embargo, Nicaragua solicitó oficialmente su salida
definitiva de la OEA en noviembre de 2021, proceso que concluyó de acuerdo a
los plazos establecidos, lo que significa que la declaración de los países
autoritarios y la OEA no tiene validez legal ni jurídica sobre la soberana
nación de Nicaragua. Es importante comprender que los estadounidenses han
convertido esta organización multinacional en el brazo armado de la CIA.
Al analizar la narrativa de esta organización conforme a los países firmantes, se observa que es la misma utilizada contra Venezuela, Cuba, etc., que habla de “libertad para los presos políticos, elecciones, cambios en las instituciones electorales, separación de poderes y, en el caso de Nicaragua, la restitución de la nacionalidad a los ciudadanos que la perdieron”. Ahora, ¿alguien ha escuchado a esos gobiernos pro-Trump o a la misma OEA exigir esas mismas demandas en Chile, Argentina, Perú, Honduras, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico, etc., por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, así como por el fraude electoral perpetrado por los autoritarios en más de 12 países de la región?
A Trump le llueve sobre mojado...
El juez Paul Engelmayer, del Tribunal Federal del Distrito
Sur de Nueva York, ha ordenado a Trump que en un plazo de 14 días entregue
documentos de manera reservada, que justifiquen legalmente los ataques
militares contra embarcaciones en los que fueron asesinadas sumariamente más de
230 personas, es decir, sin juicios o condenas a muerte. Desde septiembre de
2025, Trump autorizó más de 70 ataques militares contra lanchas de pescadores
artesanales. Esta demanda fue presentada por organizaciones como la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales
bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
De la Editorial





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