lunes, 5 de octubre de 2026

El escudo de las américas o el cartel del fascismo

De la Garrapata en la Webs

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Por: Nikolás Friedman

      
 "El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve" (José Martí)            


Después de que se iniciara una investigación penal y se filtraran conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, lo que se ha establecido en esta indagación es que el gobierno de Piñera utilizó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para ocultar el ACUERDO de fondos, es decir, en lugar de realizar pagos en efectivo o depósitos bancarios, se usó un   
método de estilo mafioso que consistía en entregar el dinero en efectivo, en sobres, de forma acumulada y trimestral.

La red corrupta continuó con el uso de empresas estatales para blanquear este negocio ilícito, otorgando sumas considerables a los operadores políticos como el sionista Gabriel Zaliasnik a través de contratos “legales”. Zaliasnik, el mismo que en 2019, durante la revuelta social, sugirió a Piñera que cerrara Internet para que las organizaciones de base no pudieran comunicarse y así evitar que los ciudadanos se enteraran de las fechas de las movilizaciones y la enérgica represión política. Además, le dijo a Piñera que debían vigilar a todos los líderes políticos, sindicales y sociales, llevando a cabo intervenciones de celulares y seguimientos al estilo del Mossad.

Luis Hermosilla mencionó que recibió pagos en efectivo desde La Moneda y destacó las conexiones de Zaliasnik en los tribunales, agregando: “Tenía más acceso que yo a algunos ministros”. También indicó que los montos de dinero alcanzaban alrededor de 100 UF mensuales para defensas relacionadas con el estallido social y la pandemia, a iniciativa directa del expresidente Sebastián Piñera, aunque es fundamental señalar que esas sumas de dinero eran para la defensa de violadores de derechos humanos.

Ahora, el Diputado Venegas, socialdemócrata (PS), según medios, estuvo aproximadamente tres días preparando la interpelación contra el cómplice directo de Kast, el “canciller”; Francisco Pérez Mackenna, la cual iba a durar tres horas, pero al final solo se llevaron a cabo dos horas. Durante el proceso de interrogación, no logró formular una pregunta directa a este traidor a la patria, en particular el hecho de que la firma de Kast en un documento de “seguridad hemisférica”, emitido por un país extranjero, infringe el artículo 5º de la Constitución de 1980 (fraudulenta y fascista, por cierto), sin la autorización del Congreso.

En la interpelación, Mackenna mintió, ocultando información clave sobre dicho contrato y distorsionó la verdad, generando grandes interrogantes como que E.U. convoque el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), lo cual significaría la entrada de fuerzas estadounidenses en Chile, es decir, tierras, costas, zonas limítrofes, ciudades y poblaciones, en áreas de conflicto mapuche. Llevando a cabo operaciones conjuntas en otros países o en nuestra nación, derrocando gobiernos de izquierda, secuestrando presidentes o realizando invasiones y agresiones o interviniendo vía Bots, electoralmente los resultados.

Desde un punto de vista estricto, ¿de qué manera se financia este grupo o cartel de las Américas? Además, los actos cometidos por Kast tienen una gravedad e inmoralidad que merecen ser llamados por su nombre: felonía. Por lo tanto, es necesario exigir su renuncia y encarcelamiento por traición a la nación, a la patria y a los pueblos.


Por otro lado, la consigna "Chúpalo Kast" representa el descontento de la población que, a pesar de estar despolitizada, se siente traicionada por un liderazgo que no cumple con sus promesas, colocando en jaque la estabilidad del régimen fascista-neoliberal extremo y su des-conexión con los problemas reales de los pueblos. Es importante destacar que todas las empresas de estudios de mercado están en manos de la oligarquía, así como también la mayoría de los medios masivos de desinformación.

A la par de esto, semana tras semana, todos los índices en las encuestas del país muestran al régimen en caída libre; cuando Kast y su régimen de facto lleguen al 24%, que es su base real de apoyo, entenderán que la consigna nacional de marzo de este año y de las "fiestas patrias" pasadas, "Chúpalo, Kast", es una frase adoptada por aquellos que votaron por él, es decir, el 20% de ciudadanos descontentos con su mediocridad, falsedad y mentiras, quienes carecen de identidad de clase, sin formación política y con poca cultura, que se mueven donde mejor se les ofrece o donde huela a dinero fácil, serán los primeros en exigir la renuncia de Kast por su incompetencia.

Sin duda, el caso del fascista y operativo del Mossad Fernando Cerimedo, quien ha llevado al narcofascismo a la presidencia en Latinoamérica indígena-mestiza-morena, vinculado al narcotráfico y al fascismo, así como al terrorismo internacional, está acaparando la atención de todos los medios serios alternativos de información que representan un porcentaje pequeño. Mientras Trump utiliza ilegalmente toda la maquinaria de los gobiernos yanaconas o vasallos en la región bajo su control para desacreditar a esos medios, igual que hicieron con el presidente secuestrado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ahora está atacando al fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Marica, quien estaba encargándose del caso relacionado con el operador de Cerimedo; primero Trump ordenó que le revocaran la visa para que no pudiera entrar a E.U., y al día siguiente se produce el golpe de Estado contra un pilar de la institucionalidad de la nación: la justicia. Es detenido y secuestrado de manera ilegal e irregular, sin cumplir los procedimientos legales y constitucionales en el aeropuerto Viru Viru. Horas después, las fuerzas policiales ingresaron y aislaron el tribunal general de Bolivia con pasamontañas, impidiendo que la prensa pudiera asistir a una rueda de prensa de las autoridades judiciales competentes.


Esto sucedía poco después de que aparecieran fotos de Cerimedo con el hijo de Trump, Trump Jr. Esto significa una sola cosa: impunidad en Bolivia; al controlar el tribunal general, las fuerzas fascistas eliminarán todas las pruebas contra Cerimedo y sus conexiones con los gobiernos fascistas de la región. Se están dando golpes a las instituciones del Estado, protegiendo a narcotraficantes y fascistas, así como a terroristas, con un endeudamiento que supera los 10 mil millones de dólares, al estilo de Milei. Lo interesante es que nadie sabe a dónde irán a parar esas sumas millonarias, que a la larga serán los ciudadanos bolivianos quienes tendrán que pagar el alto costo de la vida.

Se pone de manifiesto que el dictador Rodrigo Paz no busca combatir la corrupción neoliberal, sino que, por el contrario, va en contra de quienes investigan los casos de corrupción, como el de la gasolina de baja calidad. La senadora Ana Crispín denunció que “personas” del “Escudo de las Américas” estarían realizando pagos mediante códigos QR de hasta 40,000 dólares a diputados para alterar la correlación de fuerzas a favor del fascismo y el narcotráfico, con el objetivo de corromper a la Asamblea.

Esta situación se da en el contexto de la grave tensión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que este viernes se reunirá para abordar el caso del fiscal general secuestrado Roger Mariaca, a quien el gobierno acusa de recibir fondos del narcotráfico. Las denuncias continúan acumulándose, al igual que el grave caso de corrupción donde se cuestiona el patrimonio de la primera dama en EE. UU., María Elena Urquidi, la cual debe rendir cuentas sobre el origen de esos fondos. En una empresa relacionada con la esposa de Rodrigo Paz en Florida, donde se estarían limpiando millones de dólares.

Continuando en esta misma dirección, los legisladores autoritarios han aprobado la designación de un fiscal general que apoya la dictadura narco-fascista de Rodrigo Paz debido a órdenes directas de Trump, lo que ha provocado un cambio en la base legal para la elección del fiscal general. Este ataque a la democracia en Bolivia, junto con todas esas medidas coercitivas y represivas, representa un castigo del imperialismo narco-fascista-sionista que intenta detener que Cerimedo colabore con la justicia y obtenga su libertad delatando; ahora, según su abogado, podría salir en libertad en noviembre próximo.

Esto se repite país tras país, como lo observamos en Chile con Hermosilla, quien delata a sus compinches para evitar ser el único incriminado, o la intromisión del embajador estadounidense en los asuntos internos chilenos, la no entrega a tiempo de visa para ingresar del senador Daniel Núñez a E.U., por su condición, ¿de ser comunista?

Lo repugnante de esta situación es: ¿qué hacían los representantes de este cartel en la Asamblea de Bolivia, es decir, de Perú, Argentina y Estados Unidos? Estos, sin ninguna vergüenza o pudor, reconocen ante las cámaras que son del escudo de las Américas.


Si los opositores y la justicia de los distintos gobiernos autoritarios de la región tuvieran la más mínima moral y ética, deberían exigir la extradición de Cerimedo en cada país, donde este individuo utilizó cientos de miles de bots para alterar el resultado electoral en más de ocho países, generando terror político en la población con información falsa; es decir, debería rendir cuentas por los graves casos de corrupción, vulneración electoral grave y la intromisión en los asuntos internos de los países para favorecer a los candidatos fascistas que benefician a Trump.

Para ello, el “Escudo de las Américas” o el “Cartel de las Américas” es una coalición, ante todo, político-militar, económica y de seguridad unipolar, es decir, crear un escudo de protección única hacia los estadounidenses que busca crear las bases políticas y jurídicas para imponer un vasallaje inmoral, asegurando a estos gobiernos títeres para obtener los recursos naturales de los países miembros, además de imponer criterios económicos con aranceles desmesurados y prohibir el comercio con otras naciones; con esto, Trump se está asegurando un grupo de gobiernos marionetas, aliados estratégicos y enemigos directos de China, es decir, Trump quiere expulsar a China de Latinoamérica indígena-mestiza-morena. Este cartel es instigado en marzo de 2026 por el gobierno de Estados Unidos bajo el régimen de facto o fascista de Donald Trump.

En resumen, se trata de una especie de protectorado estadounidense sobre 15 naciones. En este mismo contexto, es necesario analizar la acusación de los mismos gobiernos autoritarios contra Nicaragua; en este sentido, debe tenerse mucho cuidado, ya que la declaración de la OEA incluye a ocho cancilleres, cuatro viceministros, 17 representantes permanentes y tres representantes alternos. Recordemos que Nicaragua no forma parte de esta organización títere de Estados Unidos; lo que Trump busca es establecer un marco legal para atacar, invadir y secuestrar al presidente nicaragüense.

Sin embargo, Nicaragua solicitó oficialmente su salida definitiva de la OEA en noviembre de 2021, proceso que concluyó de acuerdo a los plazos establecidos, lo que significa que la declaración de los países autoritarios y la OEA no tiene validez legal ni jurídica sobre la soberana nación de Nicaragua. Es importante comprender que los estadounidenses han convertido esta organización multinacional en el brazo armado de la CIA.


Al analizar la narrativa de esta organización conforme a los países firmantes, se observa que es la misma utilizada contra Venezuela, Cuba, etc., que habla de “libertad para los presos políticos, elecciones, cambios en las instituciones electorales, separación de poderes y, en el caso de Nicaragua, la restitución de la nacionalidad a los ciudadanos que la perdieron”. Ahora, ¿alguien ha escuchado a esos gobiernos pro-Trump o a la misma OEA exigir esas mismas demandas en Chile, Argentina, Perú, Honduras, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico, etc., por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, así como por el fraude electoral perpetrado por los autoritarios en más de 12 países de la región?

A Trump le llueve sobre mojado...

El juez Paul Engelmayer, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, ha ordenado a Trump que en un plazo de 14 días entregue documentos de manera reservada, que justifiquen legalmente los ataques militares contra embarcaciones en los que fueron asesinadas sumariamente más de 230 personas, es decir, sin juicios o condenas a muerte. Desde septiembre de 2025, Trump autorizó más de 70 ataques militares contra lanchas de pescadores artesanales. Esta demanda fue presentada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

De la Editorial   

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